El 2 de setiembre de 2003 el Poder Ejecutivo promulgó la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedian que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados.
Hoy, a ocho años de ese hecho, y luego de que la Corte declarara, el 14 de junio de 2005, la inconstitucionalidad de estas normas, se desarrollan en el país nueve juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar y están previstos que comiencen siete procesos más antes de fin de año.
La decisión de anular las llamadas "leyes del perdón" o "leyes de la impunidad" fue una de las primeras políticas sobre la necesidad de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por el entonces presidente Néstor Kirchner.
La Ley de Punto Final (23.492) fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura.
La primera ley de impunidad decía: "Se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983".
Sólo quedaban fuera del ámbito de aplicación de la ley los casos de secuestro de recién nacidos, hijos de detenidas desaparecidas en centros clandestinos de detención.
La Ley de Obediencia Debida (23.521) también fue dictada por Alfonsín el 4 de junio de 1987 y estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia debida" -concepto militar según el cual los suboficiales se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores-.
En 2003, la diputada de Izquierda Unida (IU), Patricia Walsh, presentó en la Cámara baja un proyecto para anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, iniciativa que fue apoyada por el presidente Kirchner.
El 12 de agosto de 2003, la Cámara de Diputados, luego de un largo debate, aprobaba la ley por la que se declaran "insanablemente nulas" las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Con algunas excepciones, se pronunciaron por la nulidad los diputados del justicialismo y los de los partidos de centroizquierda e izquierda, pero entre estos últimos, el único que lo rechazó fue el representante del bloque de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora.
También votaron en contra los legisladores de los partidos de derecha, con el diputado Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, a la cabeza, acompañado por ucedeístas, cavallistas, partidos provinciales y seguidores de Ricardo López Murphy.
El segundo bloque en importancia numérica, el del radicalismo, decidió abstenerse, actitud que también adoptaron los diputados menemistas.
El proyecto con media sanción de Diputados pasó al Senado, que la convirtió en ley el 20 de agosto de 2003.
Antes de sancionar la anulación, el Senado aprobó por unanimidad darle rango constitucional del Convenio sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad.
La entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner fue la última oradora de la noche y sostuvo que "ninguna razón de Estado fundamenta los crímenes de lesa humanidad" y agregó que los derechos humanos "no son ni de derecha ni de izquierda".
En tanto, Carlos Maestro, jefe de la bancada radical indicó que ese partido se oponía ya que consideraban que el Congreso no está capacitado para anular leyes y que "esa es una atribución de la Justicia".
La ley que anuló las "leyes del perdón y de la impunidad" fue promulgada por el presidente Kirchner el 2 de septiembre de 2003.
Dos años después, el 14 de junio de 2005, en una decisión histórica, la Corte Suprema declaró inconstitucionales las leyes de punto final y de obediencia debida, lo que permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se interrumpieron en 1986.
El máximo tribunal, al resolver el caso de Julio Simón, un ex oficial de policía acusado de la desaparición forzada del matrimonio Poblete y de la apropiación de su hija, Claudia, también declaró la validez de la ley 25.779, por la cual el Congreso declaró la nulidad de aquellas leyes.
Fuente: Télam.
Hoy, a ocho años de ese hecho, y luego de que la Corte declarara, el 14 de junio de 2005, la inconstitucionalidad de estas normas, se desarrollan en el país nueve juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar y están previstos que comiencen siete procesos más antes de fin de año.
La decisión de anular las llamadas "leyes del perdón" o "leyes de la impunidad" fue una de las primeras políticas sobre la necesidad de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por el entonces presidente Néstor Kirchner.
La Ley de Punto Final (23.492) fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura.
La primera ley de impunidad decía: "Se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983".
Sólo quedaban fuera del ámbito de aplicación de la ley los casos de secuestro de recién nacidos, hijos de detenidas desaparecidas en centros clandestinos de detención.
La Ley de Obediencia Debida (23.521) también fue dictada por Alfonsín el 4 de junio de 1987 y estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia debida" -concepto militar según el cual los suboficiales se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores-.
En 2003, la diputada de Izquierda Unida (IU), Patricia Walsh, presentó en la Cámara baja un proyecto para anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, iniciativa que fue apoyada por el presidente Kirchner.
El 12 de agosto de 2003, la Cámara de Diputados, luego de un largo debate, aprobaba la ley por la que se declaran "insanablemente nulas" las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Con algunas excepciones, se pronunciaron por la nulidad los diputados del justicialismo y los de los partidos de centroizquierda e izquierda, pero entre estos últimos, el único que lo rechazó fue el representante del bloque de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora.
También votaron en contra los legisladores de los partidos de derecha, con el diputado Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, a la cabeza, acompañado por ucedeístas, cavallistas, partidos provinciales y seguidores de Ricardo López Murphy.
El segundo bloque en importancia numérica, el del radicalismo, decidió abstenerse, actitud que también adoptaron los diputados menemistas.
El proyecto con media sanción de Diputados pasó al Senado, que la convirtió en ley el 20 de agosto de 2003.
Antes de sancionar la anulación, el Senado aprobó por unanimidad darle rango constitucional del Convenio sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad.
La entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner fue la última oradora de la noche y sostuvo que "ninguna razón de Estado fundamenta los crímenes de lesa humanidad" y agregó que los derechos humanos "no son ni de derecha ni de izquierda".
En tanto, Carlos Maestro, jefe de la bancada radical indicó que ese partido se oponía ya que consideraban que el Congreso no está capacitado para anular leyes y que "esa es una atribución de la Justicia".
La ley que anuló las "leyes del perdón y de la impunidad" fue promulgada por el presidente Kirchner el 2 de septiembre de 2003.
Dos años después, el 14 de junio de 2005, en una decisión histórica, la Corte Suprema declaró inconstitucionales las leyes de punto final y de obediencia debida, lo que permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se interrumpieron en 1986.
El máximo tribunal, al resolver el caso de Julio Simón, un ex oficial de policía acusado de la desaparición forzada del matrimonio Poblete y de la apropiación de su hija, Claudia, también declaró la validez de la ley 25.779, por la cual el Congreso declaró la nulidad de aquellas leyes.
Fuente: Télam.
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