Cuando la historiografía tradicional en la Argentina ha definido al primer peronismo como pro natalista, el trabajo original de una joven historiadora de Mar del Plata pone en duda que haya sido así y señala que, por el contrario, las durezas penales sobre las mujeres que recurrieron al aborto fueron mayores en los años 90, tiempo del menemismo, y aún en los 70, con Perón anciano llegando a la tercera presidencia, que en aquella mitad del Siglo XX.Para la profesora y licenciada en Historia Agustina Cepeda hasta el peronismo de los años 70 fue más restrictivo en materia de derechos reproductivos ya que en 1974 restó apoyo oficial a los métodos de anticoncepción, siendo que éstos fueron de libre circulación y aplicación en aquel período justicialista de 1945 a 1955.
Especializada en la historia de la sexualidad y la salud reproductiva en el país, Cepeda retoma las hipótesis de la doctora en Ciencias Humanas y socióloga Dora Barrancos quien abordara las dos primeras presidencias del peronismo en clave de género para concluír en que ese primer peronismo no fue pro natalista en las políticas públicas y de salud.
En la indagación de Cepeda resultó clave el haber conocido un fallo penal en 1954 en la ciudad de Buenos Aires por el que eran absueltas una partera y una mujer (Elena Gaitán) acusadas de aborto no obstante encontrarse esta práctica tipificada como delito penal desde 1880.
"Hay que aclarar --puntualiza la investigadora-- que antes de 1966 los médicos tenían la obligación de denunciar aquellos casos de mujeres que llegaban al dispensario de salud con infecciones u otras consecuencias de maniobras abortivas".
"Aborto imposible"
Tanto la partera como la mujer fueron absueltas con la figura de "tentativa de aborto imposible". Abogados y jueces aparecen entonces como cómplices en una argucia legal, puesto que al no poderse demostrar supuestamente que la mujer estuviese embarazada, faltaba el cuerpo del delito. Era evidente que se hallaban ante la práctica de un aborto, lo sabían, pero ese aborto en términos jurídicos no se podía probar. También queda clara la condescendencia con la que los profesionales del Derecho entonces trataron el caso.
Cepeda observó luego que el caso de Elena Gaitán lejos estaba de ser el único con semejante características y desarrollo en aquel tiempo, que la "vista gorda" en la decisiva instancia del estrado judicial, era frecuente.
Pero entonces se preguntó: ¿había posibilidad científica, y por lo tanto también jurídica, de probar en ese momento, año 1954, la existencia de un embarazo previo a una práctica abortiva, más allá de las consecuencias visibles y la más que obvia deducción?
Sí, existía. Para entonces ya se conocía el test del sapo o test de la rana, denominado Reacción de Galli Mainini en honor al médico argentino que lo concibió en el Hospital Rivadavia de Buenos Aires, entre los años 1942 y 1947. Desde 1930 se sabía que la orina de las embarazadas contenía fragmentos de la hormona gonadotrofina cariónica humana, HCG según las siglas de las palabras en inglés. Galli, basándose en investigaciones del citólogo también argentino Eduardo de Robertis, supuso que la inyección de orina de la mujer embarazada en sapos causaría en ellos la maduración y expulsión de sus espermatozoides. La prueba dio el resultado que esperaba y así surgió el test del sapo que luego, y durante muchísimos años, fue utilizado masivamente como método confiable y económico de diagnóstico precoz de embarazo en la Argentina y América Latina, hasta que con el avance de la tecnología llegaron los métodos químicos de la actualidad, que prescinden del uso de animales, aunque valga reparar en que el popularizado "evatest" de hoy sigue basándose en la HCG.
Combate en los discursos
El test del sapo, de una efectividad superior al 90 por ciento, aún podía servir para la detección del embarazo poco después de que éste se hubiera interrumpido. Pero en el fallo sobre Elena Gaitán no se habla de sapos, como tampoco en otros fallos sobre aborto de aquel tiempo.
"No había ánimo de condena de los magistrados que, por el contrario, argumentan refiriéndose a una "partera honorable" y, en el caso de Elena Gaitán, a una "sacrificada y pobre madre de familia", puntualiza Cepeda.
Luego en el estudio de la historiadora apareció un interrogante que puede sintetizarse así: ¿Qué siguió aconteciendo para que la consideración de los años 40 y 50, en un tiempo político supuestamente conservador y pro natalista, trocara en las restricciones en otros momentos, en los progresistas 70, en los post modernos 90 y aún el kirchnerismo del presente?
Responde de este modo: "hasta los 60 no hubo discursos de mujeres que quisieran legalizar el aborto pero el hecho de que no existieran esos discursos, permitían esos paraguas legales del tipo como el que vimos de 1954, pero a partir de la década del 80 cuando el feminismo y los movimientos de la mujer son más fuertes en cuanto a los derechos reproductivos, las penalizaciones a las mujeres y médicos que participaban de maniobras abortivas son más frecuentes y en la década del 90 lo son más todavía. Hoy en día ciertamente hay un combate en el campo de los discursos y en el campo legal. En los 90 en la Conferencias Mundiales de Población, la Argentina se alía con los países más conservadores en materia de políticas de salud en las mujeres como Pakistán, Egipto e Irán. La claúsula Barra en la reforma constitucional del 94 se incorporan los Derechos del Niño antes de Nacer pero no se discute la despenalización del aborto. Es en ese tiempo que aparece en la conferencia de Beijing el concepto de salud reproductiva, que es considerar que hay una esfera de acción de la salud que está intimamente vinculada con el cuerpo de la mujer y que ese cuerpo necesita derechos, protección y garantías. Y el gobierno argentino incorpora este concepto a las legislaciones, pero tardan en desarrollarse políticas en términos de salud reproductiva. Recién se aprueban programas de salud reproductiva en 2003 y la Ley de Educación Sexual llegará en 2006.
Ya en el presente, Cepeda refiere que Cristina Kirchner ha dicho que ella es católica y que no está de acuerdo con la despenalización del aborto, pero aún así existe una serie de medidas que muestra que ahora el tema de la salud reproductiva figura en la agenda, como el protocolo que existe en los hospitales de manera que los médicos de la guardia den asistencia psíquica y clínica a las mujeres que llegan con las secuelas de un aborto.
Agustina Cepeda advierte que "actualmente Mar del Plata figura lamentablemente entre las ciudades con los índices de mortalidad materna y de embarazo infanto-juvenil más altos del país, marco que demanda el cumplimiento de los derechos reproductivos como la educación sexual, el acceso a los métodos anticonceptivos y un marco jurídico que garantice no el derecho al aborto sino que sea ésta una práctica despenalizada, que sea corrida de la clandestinidad".
"Mientras tanto -concluyó- se sigue con un negocio asqueroso, incluyendo el aborto a chicas menores, por el que se cobra muchísimo y quienes lo hacen parecen protegidos. La legalización tiene que frenar los negociados clandestinos en torno de ésto".
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